Política social y deterioro democrático en Centroamérica: reflexiones desde El Salvador, Nicaragua y Guatemala
El pasado 23 de enero los investigadores Juliana Martínez Franzoni (Universidad de Costa Roca) y Diego Sánchez-Ancochea (Universidad de Oxford) presentaron un análisis exhaustivo -y que será publicado próximamente- sobre la relación entre la política social y los cambios en los regímenes políticos en Centroamérica, como parte de la serie de webinarios organizados por la RED ICA.
Bajo el título “Entre la espada y la pared: La política social en Centroamérica a través de cambios en regímenes políticos”, los especialistas abordaron cómo la evolución de los sistemas democráticos y autoritarios ha impactado las políticas sociales en El Salvador, Guatemala y Nicaragua en los últimos 30 años.
Martínez Franzoni destacó la creciente involución democrática en la región en la última década, subrayando eventos como el debilitamiento de la democracia en Nicaragua desde 2012, el giro autoritario en El Salvador desde 2021 y los retrocesos democráticos en Guatemala con la exclusión de candidatos y partidos anticorrupción en las elecciones de 2019 y 2023. Según los investigadores, estos contextos han condicionado el desarrollo de políticas sociales y su capacidad de responder a las necesidades de las poblaciones más vulnerables.
Políticas sociales bajo democracias y autoritarismos
El estudio reveló que, aunque las políticas sociales han experimentado avances en los tres países durante los últimos 30 años, estos han sido limitados y desiguales. En El Salvador y Guatemala, los mayores aumentos en el gasto social ocurrieron entre 1990 y 2005, impulsados por los acuerdos de paz y la democratización. En Nicaragua, en cambio, el crecimiento del gasto social se concentró entre 2005 y 2021, coincidiendo con la administración de Daniel Ortega.
No obstante, los investigadores alertaron sobre la insuficiencia del gasto social frente a las necesidades de la población. Incluso en los mejores casos, como El Salvador en 2021, el gasto social nunca superó el 65% del costo de la canasta básica alimentaria. Martínez Franzoni y Sánchez-Ancochea también analizaron programas clave como las transferencias monetarias condicionadas y el gasto en salud, destacando que, aunque hubo avances en cobertura, la suficiencia y el impacto fueron limitados, con especial énfasis en la exclusión persistente de poblaciones indígenas y rurales.
Transparencia y capacidad estatal
Otro aspecto crítico del análisis fue la relación entre los regímenes políticos y la transparencia en el manejo de políticas sociales. Según el estudio, los gobiernos autoritarios de Nicaragua y El Salvador han incrementado la opacidad en la administración pública, dificultando el acceso a información estadística y la rendición de cuentas. Por el contrario, se registraron avances hacia la transparencia en El Salvador hasta 2019, gracias a hitos como la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública en 2011.
En términos de capacidad estatal, los investigadores destacaron que, aunque los tres países han logrado avances en capacidad recaudatoria, las limitaciones administrativas siguen siendo un obstáculo para implementar políticas sociales efectivas y universales.
El trabajo de Martínez Franzoni y Sánchez-Ancochea pone en evidencia las tensiones entre los regímenes políticos y la capacidad de los Estados centroamericanos para garantizar derechos sociales básicos. Si bien los autoritarismos han promovido políticas redistributivas con fines de control político, estas carecen de transparencia y amplitud. Por otro lado, las democracias han enfrentado retos para mantener avances sostenibles en contextos de alta desigualdad y recursos limitados.
El análisis invita a una reflexión profunda sobre el futuro de la política social en la región, subrayando la necesidad de fortalecer la transparencia, la capacidad estatal y el enfoque universal en la provisión de servicios esenciales para construir sociedades más equitativas y resilientes.
Reflexiones sobre la capacidad estatal y la voluntad política en Centroamérica
Salvador Martí, de la Universitat de Girona, ofreció una visión integral que vincula el desarrollo de políticas sociales con el contexto político y coyuntural de tres casos centroamericanos: El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Destaca que la capacidad estatal y la voluntad política son factores decisivos en la implementación de estas políticas, señalando además que la competición electoral parece ser un motor para su desarrollo, aunque con importantes matices.
Salvador planteó preguntas esenciales, como si la llegada de gobiernos de izquierda garantiza estas políticas y si la competencia política es una condición necesaria para su despliegue. También introdujo la idea de que las coyunturas históricas, como la ola rosa en América Latina, desempeñaron un papel crucial en la adopción de modelos sociales inspirados en Brasil, cuestionando si esta ventana de oportunidad ha terminado ante la influencia de corrientes políticas más conservadoras en la región. Su análisis subraya la necesidad de profundizar en las lógicas detrás del gasto social y los impactos del autoritarismo en el debilitamiento de estas políticas.
El economista guatemalteco Juan Alberto Fuentes enfatizó en la relación entre el deterioro democrático y las políticas sociales. Introdujo el concepto de «segunda derivada», argumentando que no solo se debe analizar el cambio en el régimen político, sino también su posterior deterioro. Fuentes destacó cómo el debilitamiento de la democracia en El Salvador, Nicaragua y Guatemala se ha reflejado en una disminución de la inversión social, señalando hitos específicos, como 2018 en Nicaragua o 2021 en El Salvador, que marcan quiebres en las tendencias de gasto social. También subrayó el impacto de la transparencia y la voluntad política en la capacidad estatal, citando ejemplos como el programa de transferencias en Guatemala que, a pesar de ser opaco y clientelar, logró crear una infraestructura institucional sólida.
Finalmente, Fuentes reflexionó sobre el posible efecto de las políticas sociales en la participación electoral y la organización política de comunidades históricamente marginadas, sugiriendo que programas como el registro de mujeres en Guatemala pudieron haber contribuido, indirectamente, a la movilización indígena en 2023.